Instalaron la comisión interventora del Imau

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Dos comisiones de enlace designadas por la Gobernación del Zulia se presentaron ayer en el Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau) y en el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo para iniciar conversaciones, tras la medida cautelar que dictó la Sala Constitucional del TSJ, este miércoles, que establece que el aseo urbano y el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo pasarán a manos del Ejecutivo Regional.

El equipo que coordinará la recolección de desechos en la ciudad está integrado por el secretario de Infraestructura, Jairo Ramírez, la procuradora Janeth González, la secretaria de Desarrollo Económico, Marilene Huerta, el secretario de Asuntos Administrativos y Laborales de la Gobernación, Nelson Canquiz, y el director estatal del Minea, Freddy Rodríguez. 

“Mañana (hoy), a las 8:00 am, se instalará la comisión. Ya el Imau recibió la notificación del TSJ y podremos hacer los enlaces necesarios, de la mejor manera, de tal forma que el servicio no se paralice. Engranaremos lo que tiene la Gobernación y lo que tiene la Alcaldía. Tomaremos las riendas de la institución para reforzar la limpieza”, explicó Jairo Ramírez. 

Aclaró que la ejecución de la decisión no obedece a una retaliación, sino, más bien, a la respuesta ante las demandas de un pueblo que ya está cansado de vivir en medio de tantos desperdicios. “Esta es una medida transitoria, tampoco tenemos el espíritu de quedarnos con un servicio que no nos corresponde”, aseguró. 

Pero lo que más inquieta a los marabinos es qué harán a partir de ahora para remover la desidia y suciedad que opaca la mayoría de las calles. Ante esto, el secretario prometió: “Brindaremos cada día un servicio más eficiente y oportuno. Reforzaremos todos los programas de recolección de residuos a través del rescate de las rutas y la frecuencia. Cumpliremos con los horarios de recogida en las zonas domiciliarias, comerciales e industriales”. 

Al mismo tiempo, instó a las comunidades a colaborar para alcanzar el objetivo de sanear Maracaibo, tarea que Trejo hizo “ineficientemente, excusada en que las guarimbas no la dejaban”. 

Informó que, a partir de hoy, evaluarán la disponibilidad de camiones, el personal y la cantidad de basura que se está retirando del municipio. “Instauraremos un mecanismo más robusto para retirar las 2.500 toneladas de basura que, en promedio, se generan diariamente”, aseveró. 

Además, el comisionado precisó que la Gobernación cuenta con 12 camiones compactadores que permanentemente han reforzado el aseo de la localidad, aunado al personal del barrido.

Sobre el tema laboral, Ramírez señaló: “Honraremos los compromisos con los trabajadores. La instrucción es que los empleados sientan nuestro apoyo. Aquí no hay cacería; lo único que les pedimos es que nos ayuden en este proceso que tanto necesita Maracaibo”. 

Por su parte, Freddy Rodríguez, director estatal del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas (Minea), celebró el fallo del TSJ. “Es insostenible tener que vivir entre basura. No solamente tiene que ver con el embellecimiento de la ciudad, sino con los problemas de salud que se generan con la disposición de la basura en las calles (...). Esto trae como consecuencia la proliferación de alimañas, zancudos y moscas”, manifestó. 

Enfatizó que, en conjunto con la Gobernación, trabajan en la limpieza de las cañadas que están copadas de desechos y ocasionan la obstrucción de los colectores de aguas servidas. 

En rechazo al decreto, el presidente del Imau, Ricardo Boscán, sostuvo que el servicio se estaba cumpliendo, con problemas por las manifestaciones, pero se trabajaba. “El instituto no tiene competencia de orden público. No recibimos nunca apoyo que solicitamos de los cuerpos de seguridad y yo debo resguardar a mi personal”, argumentó. 

Con la misma posición, el síndico procurador del municipio, Jairo Molero, aseguró que aún no han sido notificados de la sentencia interlocutoria de este 12 de julio. “Nosotros esperaremos la notificación formal para proceder a realizar las gestiones”, aseveró, a la vez, calificó de “inconstitucional” y “express” la medida.

“Gobernador Arias Cárdenas, póngase a trabajar y déjenos trabajar a nosotros. Sus maniobras con el TSJ no le darán resultados”, expresó la alcaldesa Trejo. Ratificó su compromiso con los marabinos y afirmó por Twitter: “No dejaremos de luchar por ellos”. 

Este medio se comunicó con Juan Pablo Lombardi, director general de la Alcaldía de Maracaibo, quien tildó de “ilegal, ilegítimo y arbitrario” el dictamen que despoja a la municipalidad de estas competencias. “No hay ninguna prueba ni elemento que justifique esta intervención. Esto es una violación flagrante de la Constitución”, opinó.

El director advirtió que actuarán en términos legales, aunque desconfían de los resultados a su favor. “Acudiremos a la Asamblea, la Fiscalía y organismos internacionales”, afirmó.

Como parte del proceso, el ministro  de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que quedó designada la junta interventora para el Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, que actuará por 180 días. Rubén Darío Abreu fue nombrado como primer comandante encargado de la institución.

“Los funcionarios apoyamos la decisión del TSJ porque en muchas oportunidades denunciamos la forma como veníamos trabajando, con falta de equipamiento, uniformes, camiones (...). Nos sentíamos de manos atadas al no poder cumplir con las emergencias que se presentaban en la ciudad”, expresó el secretario general del Sindicato de Bomberos de Maracaibo, Alexis Rojas.

Rechazó “la injusticia laboral” en la que han estado sumergidos por la gestión de la Alcaldía. “Esperamos que los recursos se reinviertan en el pago del personal y una correcta dotación para prestar un servicio de calidad”

La mañana de ayer, los concejales por el Psuv se reunieron en la Alcaldía de Maracaibo para avalar el decreto. Ratificaron su apoyo al gobernador Arias Cárdenas y aseguraron que “en esta ciudad no habrá una guarimba más”. 

“Ante el abandono total en el que tiene la alcaldesa la ciudad, el gobernador asumió estas competencias. Se restablecerá el orden”, expuso la concejala Egda Vílchez, quien aclaró que los pasivos laborales pendientes deben ser saldados por la municipalidad.